EL CONGRESO DEBE RESPONDER TRAS PRIVILEGIOS A TULA BENITES.
Según una denuncia de El Comercio, la sancionada legisladora, quien es procesada por contratar un empleado fantasma en su despacho, dispone de dos policías para su seguridad, asignación que no le corresponde, porque sus derechos están suspendidos.
El presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, señaló que su institución no tiene por qué pronunciarse sobre los privilegios de los que aún goza la suspendida congresista aprista Tula Benites.
“No veo por qué el Poder Judicial tendría que hacer un pronunciamiento. Los funcionarios públicos hasta seis meses de hacer sus tareas tienen seguridad. Cualquier irregularidad tiene que ser vista por el Congreso, porque es a donde pertenece esta persona”, manifestó Villa Stein al ser consultado al respecto.
El jefe del gabinete, Javier Velásquez Quesquén, evitó hacer comentarios sobre el particular, y señaló que quien debe responder por esta denuncia es el presidente del Congreso, Luis Alva Castro.
“Hemos tenido conversaciones con el ministro de Economía (Luis Carranza) en ese mismo sentido. Estamos persuadidos de que el Congreso finalmente resolverá ampliar los recursos que nosotros necesitamos para cumplir nuestra función constitucional. Necesitamos más de mil 600 millones de soles”, indicó Villa Stein.
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